Hacinamiento, pago semanal de mil 500 pesos por habitar una celda y para la seguridad, condiciones insalubres y distribución de droga son algunas de las denuncias que desde el año 2015 se hicieron al Centro de Reinserción Social de Tula, de donde nueve reos se fugaron esta semana.
Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).– El Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tula, de donde nueve reos se fugaron esta semana, incluyendo al líder huachicolero José Artemio Maldonado Mejía, alias “el Michoacano”, arrastra desde hace seis años irregularidades en su funcionamiento que han sido denunciadas por familiares de presos y documentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La última información que se tiene de la fuga ocurrida el miércoles, donde un grupo armado irrumpió y liberó a nueve reos que se encontraban detenidos, es que las autoridades recapturaron a tres de ellos, según informó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Se está ya llevando a cabo la investigación. Ya se detuvieron a tres de nueve de los fugados”, explicó el mandatario este día en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional. “Se tiene completamente identificados a quienes participaron en la fuga, todos ellos tenían antecedentes penales”.
Los reos fugados formarían parte de un grupo criminal llamado Pueblos Unidos, dedicado al huachicoleo —robo ilegal de hidrocarburos—, secuestro y la extorsión. “El Michoacano”, líder de la organización criminal, es uno de los principales objetivos a recapturar.
El Cereso de Tula, ubicado en el estado de Hidalgo, cuenta con una lista de observaciones realizadas por la CNDH en 2019 y 2020. Éstas son: sobrepoblación, deficiencias en los servicios de salud e insuficiencia de personal de seguridad y custodia; además de tener una calificación de 6.04.
Durante una supervisión realizada por personal de la CNDH en 2019 se detectaron una serie de fallas en los siguientes rubros:
–La seguridad del personal interno: Se encontró que existe deficiente separación entre hombres y mujeres; deficiencias en los servicios de salud; falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de detección e insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos.
–Condiciones de gobernabilidad: La Comisión halló insuficiencia de personal de seguridad y custodia y el ejercicio de funciones de autoridad por personas privadas de la libertad, es decir, condiciones de autogobierno/cogobierno.
–Estancia digna: La revisión arrojó insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del centro, así como deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad.
–Reinserción social del interno: Se detectó una inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad; deficiente separación entre procesados y sentenciados; insuficiencia o inexistencia de actividades laborales, de capacitación y deportivas; así como una inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades.
En 2020, durante una nueva supervisión realizada por la CNDH en el marco de la pandemia de COVID-19, se detectó que cuatro reos murieron a causa de este virus.
Pero las irregularidades en este Cereso de Tula datan al menos desde el 2015, cuando familiares protestaron por las condiciones en las que se encontraban sus familiares.
Entre las irregularidades señaladas estaban el pago semanal de mil 500 pesos por habitar una celda y para su seguridad. Los reos que no cumplían con esta cuota eran golpeados. Además denunciaron que las condiciones insalubres habían provocado enfermedades como hepatitis y tifoidea.
Estas acusaciones llevaron a Rodolfo Paredes Carbajal, en ese entonces subsecretario de Seguridad Pública y Reinserción Social en Hidalgo, a cambiar al director del Cereso de Tula. Sin embargo, las denuncias continuaron y se incorporaron más como la venta para la visita conyugal y distribución de droga entre los reos.
A nivel federal, la CNDH reportó en su diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019 que durante ese año se registraron mil 29 incidentes, de los cuales 902 ocurrieron en Ceresos y 127 en Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos).
El informe refiere también un cúmulo de quejas recibidas durante el año, alcanzando un total de mil 240, de las cuales mil 213 (97.82 por ciento) eran de internos que se encontraban en Ceresos y 27 (2.18 por ciento) en Ceferesos.
